BALANCE PRIMER CICLO DE LA RTM y G

Trampas y fraudes tienen en jaque la revisión técnico-mecánica


Balance a dos años de experiencia. El 31 de diciembre culmina el primer ciclo de revisión técnico-mecánica del parque automotor. Solo el 50 por ciento de los vehículos han cumplido con la norma.

La corrupción por dentro


Los problemas no son nuevos y ya han sido planteados en diferentes escenarios por las autoridades. En agosto pasado, el director nacional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, general Luis Alberto Moore, denunció que muchos CDA expiden el certificado a vehículos que no cumplen con los requisitos ni las condiciones mínimas exigidas.



Al respecto, Corredor Sanabria explicó que en el país hay varios certificadores de los CDA, y que "se ha detectado que no todos siguen los mismos parámetros para certificarlos del Ministerio de Transporte".



En otros casos, los vehículos ni siquiera pasan por la pista de prueba y, sin embargo, tienen su certificado al día. El otro problema es el de las mafias que trafican con certificados falsificados o que roban documentos originales para luego venderlos.



Según cifras oficiales, este año han sido capturadas 625 personas por este delito. "Algunos (CDA) se están prestando para expedir el certificado sin cumplir los requisitos. Eso es concierto para delinquir", anotó Corredor Sanabria.



El problema con los certificados falsos, agrega el empresario, es que algunos fiscales tienen un concepto discrecional sobre el certificado que otorgan los CDA. Para unos es un documento privado y para otros es público, con lo cual, en el primer caso no se puede judicializar al infractor. Eso quedará resuelto con la reforma al Código Nacional de Tránsito que está revisando la Corte Constitucional.



A las falsificaciones hay que sumar el tráfico de repuestos que se da alrededor de muchos CDA, a donde los dueños de vehículos acuden para 'pasar la revisión'. Es decir, sitios en donde alquilan desde llantas y amortiguadores que son instalados para dejar el carro 'al día' mientras cumple el examen.



Estos casos son más frecuentes con vehículos de servicio público o de particulares muy viejos, a cuyos dueños les resulta 'más barato' acudir a estas mafias que poner el automotor en regla para la revisión.



Puntualmente sobre estos casos, el general Moore le ha pedido en varias oportunidades al gremio de los centros de diagnóstico ser más consecuentes con la expedición de certificados.



Moore es partidario de que todo vehículo que cumple con su ciclo de vida útil debe ser chatarrizado y no repotenciado, sin importar si su matrícula es de servicio público o particular. Según el oficial, en este asunto ya se viene trabajando con el Ministerio de Transporte para reglamentar, pero todavía hace falta mucho.


MEDIDAS PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA


Una parte de la solución a los problemas que enfrenta la revisión técnico-mecánica está contenida en el proyecto de ley que aprobó el Congreso que reforma el CNT y que la Corte Constitucional está revisando.



Allí se establece que el certificado es un documento público, por lo cual, quien transite con un certificado falso puede ir a la cárcel por falsedad en documento privado (uno a seis años); o por uso de documento falso (dos a ocho años).



También, todo vehículo que no tenga la certificación de la revisión técnico-mecánica y de gases al día puede ser inmovilizado, además de pagar la multa.



Con la expedición del decreto 4738 del 15 de diciembre de 2008, a futuro desaparecerá la certificación, pues se creó el Organismo de Acreditación de Colombia que remplaza en esas funciones a la Súper Intendencia de Industria y Comercio.



Este organismo se encargará de acreditar los CDA y los centros de reconocimiento de conductores. Es decir, desaparece la certificación, y la acreditación será previa a la habilitación. La implementación de un 'chip' en todos los vehículos para detectar los vehículos que no cumplan con la norma es una propuesta de ASO-CDA, que le ratificó a este diario que "no tendrá ningún costo para el usuario", y que ellos instalarán y sufragarán el costo de la plataforma para poder leer la información contenida en ese mecanismo electrónico.

Por último, que los conductores tomen conciencia de tener sus vehículos en buenas condiciones de uso, y que la ciudadanía denuncie hechos de corrupción.